El nuevo reglamento de seguridad privada una necesidad imperiosa
La Ley de Seguridad Privada 5/2014, en vigor en España, regula la actividad del sector de seguridad privada, estableciendo un marco normativo actualizado que abarca desde la protección de bienes y personas hasta la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sin embargo, a pesar de los avances de esta ley, el reglamento que debería desarrollarla sigue siendo el Reglamento de Seguridad Privada de 1994, un marco normativo obsoleto que no responde a las necesidades actuales del sector. Este reglamento, diseñado para una realidad diferente hace casi tres décadas, no contempla los avances tecnológicos ni las nuevas demandas de seguridad, generando un vacío regulatorio que dificulta la correcta implementación de la ley. En la actualidad, el sector de la seguridad privada comprende diversas habilitaciones profesionales reconocidas, cada una con funciones específicas.
El Director de Seguridad, por ejemplo, es el máximo responsable de diseñar, aplicar y supervisar los planes de seguridad integral en empresas e instituciones, garantizando la coordinación con otros departamentos y con las autoridades públicas.
El Jefe de Seguridad tiene funciones más operativas, como la gestión diaria de los equipos de seguridad y la supervisión de procedimientos de su empresa de seguridad.
El Detective Privado, por su parte, realiza investigaciones en el ámbito privado para personas físicas o jurídicas, siempre bajo los límites legales.
Los Vigilantes de Seguridad desempeñan funciones de vigilancia y protección en bienes, personas y espacios, incluyendo el transporte de fondos como vigilantes de explosivos o escoltas privados, especializados en la protección de personas. También están los Guardas Rurales, especializados en proteger propiedades rurales y los Guardas de Caza y Guardapescas Marítimos, que tienen competencias más específicas en ámbitos naturales y marinos.
A esto se suman los Escoltas Privados, quienes, además de proteger personas, gestionan riesgos potenciales en tiempo real.
Sin embargo, la falta de un reglamento actualizado no solo limita el desarrollo profesional de estos perfiles, sino que también dificulta la introducción de nuevas figuras profesionales que podrían surgir en respuesta a las demandas contemporáneas de seguridad, como expertos en ciberseguridad en el ámbito privado.
El sector afronta un notable malestar debido a la apatía política que ha impedido la aprobación de un nuevo reglamento que dé soporte a la Ley 5/2014. Las asociaciones y los profesionales del sector consideran que este no es un capricho, sino una necesidad urgente para garantizar que la seguridad privada en España esté a la altura de las circunstancias actuales.
Sin un reglamento adecuado, se hace complicado concretar los aspectos técnicos y operativos de la ley, como las competencias específicas de cada figura profesional, los protocolos de actuación en situaciones de emergencia, o el uso de tecnología avanzada en sistemas de seguridad. La seguridad privada, que actúa como complemento indispensable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, queda relegada a un segundo plano debido a la falta de un marco regulador que refuerce su legitimidad y eficacia.
Además, la normativa actual no aborda adecuadamente el control y la supervisión de nuevas tecnologías, como los drones, la inteligencia artificial o la videovigilancia avanzada, dejando a las empresas y profesionales en una situación de incertidumbre jurídica. Por tanto, la aprobación de un nuevo reglamento no solo clarificaría estas cuestiones, sino que también fomentaría una colaboración entre los sectores público y privado en la protección de infraestructuras críticas y otros espacios esenciales.
Asimismo, contribuiría a fortalecer la profesionalización del sector, mejorando la formación y las condiciones laborales de los trabajadores de la seguridad privada, algo que también ha sido motivo de constantes reivindicaciones por parte de los sindicatos. En definitiva, el nuevo reglamento es fundamental para garantizar un equilibrio entre la seguridad pública y privada, fomentar la confianza ciudadana y hacer de España un referente en el ámbito de la seguridad integral. Sin esta actualización normativa, el sector continuará afrontando una serie de limitaciones que impactan tanto en su desarrollo como en su capacidad de responder eficazmente a los desafíos de la sociedad actual.
Jose Martin Sosa
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